En cualquier país democrático que se respete, un crimen como el de los 49 niños calcinados en junio de 2009 en la guardería ABC en Hermosillo Sonora -cuya responsabilidad, según dictamen preliminar emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparten el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y amigo cercado del presidente Felipe Calderón, Juan Molinar Horcasitas; el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, y de otros 16 funcionarios de los tres niveles de gobierno- ya hubiera tenido efectos legales en contra de los funcionarios involucrados. Ese cualquier país democrático que se respete, desde luego no es México… mejor conocido como Reino de la Impunidad. El desdén con el que tanto autoridades estales como federales han tratado este asunto, la desatención a las demandas de justicia por parte de los padres de las criaturas fallecidas en ese dantesco accidente, no hacen sino probar, por si hiciera falta, que en este país hay muertos de primera y de segunda. Una pequeña muestra del desdén oficial: a 48 horas de haber sido dado a conocer el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidencia de la República... guarda silencio cómplice...
A las autoridades involucradas (Gobierno de Sonora e IMSS Federal/Estatal y en última instancia, hasta la Presidencia de la República), sólo les ha faltado decir lo mismo que Felipe Calderón espetó desde Tokio cuando el asesinato de 16 adolescentes en Ciudad Juárez: fue un pleito entre pandilleros. O bien, imitar a otro funcionario panista, Arturo Chávez Chávez -Titular de la PGR- quien afirmó que los feminicidios acaecidos en esa misma ciudad fronteriza (Juárez) fueron propiciados por las propias mujeres quienes se buscaron su muerte al andar fuera de casa a deshoras.
Está claro que ninguna sentencia emitida por la justicia mexicana (soñemos que por una vez en la vida hubiera justicia en nuestro país), resarcirá a los padres por la pérdida de sus pequeños hijos. No obstante, sentar un precedente de verdadera justicia, castigar con todo el rigor de la ley a los responsables, es lo menos a lo que están obligadas las autoridades de este país, cuyo deber es brindar las condiciones necesarias para el bienestar y seguridad de los mexicanos. Pero en lugar ello... prefieren dedicar sus empeños a la retrógrada cruzada en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
La memoria de eso 49 pequeño niños, muertos en condiciones por demás crueles, merece como mínimo el castigo de todos los involucrados. Y junto a esto... el NO-silencio (cómplice) de la sociedad.
